6. El nivel individual y la dimensión institucional
Se puede observar en los líderes religiosos que explotan sexualmente a sus congregantes, independientemente de en qué categoría de Fortune (1992) se les clasifique, que siguen a menudo el siguiente patrón de conducta:
Primero, el líder establece, con base en su autoridad religiosa y en la relación como superior jerárquico, vínculos de confianza con una persona particularmente vulnerable. Las vulnerabilidades pueden ser psicológicas, sociológicas y, llamémosle, espirituales. Éstas no son mutuamente excluyentes, todas son susceptibles de ser manipuladas para la gratificación sexual del ministro.
Posteriormente se explota esa confianza personal, basada en factores como la fe y la superstición, así como la relación de subordinación a la autoridad. La explotación puede ser sexual, pero no es extraño que abarque simultáneamente otras esferas como la económica. Asimismo, el modus operandi no siempre es dramático y despiadado. A menudo es gradual y sutil y frecuentemente se utilizan una serie de argumentaciones pseudo-teológicas y diversas formas de manipulación de las emociones.
Las complicidades de los allegados de este tipo de ministros juegan una parte crucial para perpetuar dicha explotación.
Por lo general se trata de complicidades pasivas por parte de asistentes o colegas que se dan cuenta de que están ocurriendo ilícitos, pero optan por guardar silencio y no hacer algo al respecto. La casuística en nuestra cultura indica que este tipo de complicidades suele ser la más frecuente. ¿Qué motiva a clérigos, diáconos, personal administrativo y otros a permanecer callados ante hechos deleznables? Las razones pueden ser muchas, pero las más frecuentes son:
a) Temor a confrontar la problemática o a represalias institucionales.
b) Falta de empatía hacia los seres humanos que sufren – cosa paradójica en ámbitos en donde se asume que la ética cristiana y la justicia son principios primordiales.
c) Fanatismo –entendido como lealtad acrítica y a menudo percibida como irracional– por la institución, secta o iglesia a la que se pertenece. Este punto es crucial psicológicamente, pues se relaciona con la forma en que los miembros construyen su identidad alrededor del grupo religioso en cuestión. El miedo al ver amenazada esa identidad personal lleva a estados de negación de lo obvio: en este caso la existencia de los abusos que se conocen. Se puede utilizar una aplicación del modelo del sociólogo británico Stanley Cohen (2001) para identificar tres niveles de negación: en este caso la negación interpretativa y la implicatoria son las más comunes.
Hay también ramificaciones jurídicas importantes en este punto: el fanatismo incondicional por la agrupación religiosa es la que hace que se confundan los conceptos de lealtad y complicidad institucionales.
d) Complicidad en ilícitos previos. No es infrecuente hallar que ministros, ayudantes, y creyentes por igual, se encuentren atrapados en un círculo vicioso de silencio por haber participado anteriormente en conductas inmorales o ilícitas ellos mismos, sea de manera individual o grupal.
Cuando sus superiores jerárquicos han sido informados de ello, o se han dado cuenta, utilizan esos antecedentes para a su vez chantajear a sus subordinados, obligándolos a callar.
“Si tú dices lo que yo estoy haciendo, yo (o nosotros) digo (o decimos) lo que tú hiciste”. A veces el chantaje es implícito, y existe como regla no escrita que quien denuncia a sus líderes sufrirá la ira de la institución, la cual de inmediato sacará a la luz sus expedientes reales –y a veces inventará otros– para desacreditarlos.
e) Otra causa común de complicidad pasiva –ésta particularmente frecuente en el catolicismo–, son las ambiciones profesionales y las metas vocacionales. La gente que opta por romper el silencio y denunciar, ya sea al interior de la organización, y mucho más si esto se hace hacia afuera, frecuentemente es afectada en sus intereses profesionales.
Factores como la cantidad de tiempo invertido para consolidar una carrera eclesiástica –considérese, por ejemplo, tan solo el tiempo de preparación en el seminario– llegan a influir negativamente en este tipo de decisiones. Asimismo influye la posibilidad de la pérdida de vínculos afectivos y aceptación social del grupo inmediato en subculturas que operan como sistemas totales (Goffman, 1961).
Este factor es peculiarmente relevante por las limitaciones que impone el voto del celibato sacerdotal. No es inusual que colegas (o feligreses) de quienes se atreven a denunciar la violación de derechos humanos al interior de una agrupación religiosa estigmaticen a estos últimos como traidores.
El fanatismo incondicional por la agrupación religiosa es la que hace que se confundan los conceptos de lealtad y complicidad institucionales.
Es también común que sean hostigados jurídicamente durante, o después de un proceso de denuncia. Los costos, pues, son altos en términos de relaciones sociales, intereses profesionales y seguridad personal.
El pragmatismo profesional –la conveniencia de no perder un empleo o poner en peligro el futuro de una carrera o vocación ministerial– a menudo triunfa sobre la ética y el compromiso cristiano de proteger a los más vulnerables de quienes los explotan, fortaleciendo con esto la cultura de la impunidad. Estos comportamientos crean atmósferas propicias para que ocurran abusos religiosos más graves y frecuentes.
7. Círculos de complicidad: el nivel estructural
La complicidad activa, sin embargo, es mucho más nociva y peligrosa que la pasiva, sobre todo cuando involucra a figuras con más autoridad que el mismo ministro que delinque.
A menudo la complicidad activa, el participar para favorecer o permitir que se realice o continúe la explotación de un feligrés por parte de un líder religioso, adquiere dimensiones estructurales o sistémicas. Esto significa que no es ya sólo un ministro que a título personal abusa de su posición mientras sus colegas y subordinados callan, sino que superiores jerárquicos, o aun oficinas o instancias enteras dentro de la organización religiosa, están coludidas. Esto es particularmente grave ya que –cualesquiera sean los argumentos para no actuar– dichas instancias internas están facultadas con el rango y la capacidad para impedir que se perpetúen más conductas ilícitas. La inacción en este caso refuerza dramáticamente la atmósfera de impunidad.
En una entrevista con el semanario Proceso (Vera, 2002) he esbozado ejemplos de la naturaleza de este tipo de estrucuras y cómo institucionalizan el encubrimiento y promueven campañas de desinformación al respecto.
La complicidad activa en altas instancias religiosas es la más destructiva contra el feligrés, pues todos los mecanismos internos para reparar o prevenir abusos están controlados por la consigna de proteger la imagen institucional y lo que el antropólogo Elio Masferrer (2000a y 2000b) llama el capital simbólico del grupo religioso. En el caso del catolicismo, factores como el derecho canónico mismo, nociones culturales de la sacralidad de los sacerdotes y determinados dogmas teológicos se utilizan con frecuencia como marco ideológico ad hoc para intentar justificar dichas estrategias.
Si, además, el contexto en donde se desarrollan los abusos es una sociedad poco instruida en los derechos humanos, en la cual la cultura de la impunidad y la corrupción están fuertemente arraigadas por razones históricas, los resultados en términos de impacto social son trágicos, pues los grupos religiosos se convierten en espacios idóneos para explotar las creencias, cometer crímenes y perpetuar las condiciones para que se violen los derechos humanos generación tras generación.
8. Conflictos con la autoridad civil
La falta de autocrítica y de autogobierno de muchas iglesias está llevando, como bien se apunta en el libro editado por Gary Collins, a la intervención de los gobiernos civiles en un terreno que por mucho tiempo se consideró asunto interno de las iglesias, para proteger a los ciudadanos. Teniendo en mente la crisis por la que pasa actualmente el catolicismo en los
Estados Unidos, las palabras de Mosgofian, escritas en 1995, suenan casi proféticas cuando previno que la epidemia de abusos sexuales por parte de ministros de distintas denominaciones bien podría llegar a “ser el Waterloo de la Iglesia en Occidente”. Dice Mosgofian:
Si la Iglesia no decreta un alto y toma control efectivo sobre
aquellos de sus ministros descarriados, el Estado tomará control
de la Iglesia y aplicará severos castigos sobre los transgresores y
sobre la Iglesia en general (Mosgofian y Ohlschlager, 1995).
Ese procedimiento ya ha comenzado en Boston, Massachussets, con la Iglesia Católica, sentando un importante antecedente jurídico. El 26 de septiembre de 2002, el Juez de la Suprema Corte, Constance Sweeny ordenó a la Arquidiócesis de Boston entregar a la justicia todos sus expedientes privados sobre sacerdotes acusados de paidofilia de cincuenta años atrás a la fecha (REUTERS, 2002). El argumento jurídico detrás de la orden judicial es la presunción de que es demostrable, en términos legales, un patrón institucional de encubrimiento.
A la larga, pareciera estar en el mejor interés de la imagen institucional de las iglesias –ciertamente lo está en el de los feligreses– el transparentar, voluntariamente y a tiempo, los ilícitos sexuales de sus ministros.
Conclusiones
Con el análisis de las cifras y casos hasta aquí expuestos, a la luz de la literatura especializada existente, podemos llegar a varias conclusiones: a) Los abusos religiosos son un fenómeno real y cuantificable, que en general no respeta fronteras denominacionales; b) los grupos sociales más vulnerables son los menores de edad y las mujeres; c) las estadísticas existentes, aunadas a datos empíricos, indican que los abusos de explotación y agresión sexual están entre los principales tipos de abusos; d) en esta última categoría hay un abanico de matices –desde la violación repetida de niños, hasta la relación de explotación ministro-oveja con personas adultas. En algunas organizaciones religiosas predomina más un tipo y en otras otro. Asimismo, existe distinta disposición por parte de los feligreses, grupos de afectados y aun líderes, para denunciar ilícitos dependiendo de la denominación o grupo de que se trate; e) en países como los Estados Unidos, los ministros de prominentes denominaciones e iglesias tienen estándares de ética profesional más bajos e índices más altos de involucramiento sexual con sus feligreses que los especialistas de la salud seculares con sus pacientes.
El hecho mismo de que algunas estadísticas hayan sido proporcionadas y otras reconocidas por algunas denominaciones sugiere, por un lado, que hay organizaciones religiosas que desean hacer cambios de fondo para prevenir dichas conductas. Algunos de los estudios citados al principio, han sido realizados por las mismas agrupaciones religiosas para tratar de medir la magnitud del problema e implantar soluciones. Otras iglesias y sectas, sin embargo, se empeñan en minimizar o negar la existencia y magnitud del problema a su interior. La prevalencia de esta negación, el ocultamiento de información y la secrecía encubridora hacen hoy más que nunca necesarias las investigaciones independientes para tratar de cuantificar el número y tipo de abusos pastorales en muchas organizaciones. Ante estos escenarios, y para poder llevar a cabo con solvencia este quehacer, los investigadores enfrentan importantes retos metodológicos para poder tener acceso a información tan bien custodiada.
Aunque el énfasis de este trabajo ha sido cuantitativo, no se pueden soslayar las dimensiones cualitativas del fenómeno. Al estudiar la incidencia y la etnografía del abuso sexual por ministros religiosos, se observan patrones significativos de conducta que pueden ayudar a inteligir las causas.
Se enunciaron de manera sucinta algunos de los factores principales de la etiología. Una descripción mucho más extensa, con base en estudios de caso recopilados por el autor a lo largo de diez años de investigar el tema en nuestra cultura, se publicará próximamente en un libro. La complejidad y amplitud del fenómeno no permiten ser exhaustivos y requieren acotar la discusión. En este caso, considero que los factores más pertinentes por comentar son las relaciones entre los líderes que abusan y las instituciones en que ocurren los ilícitos.
Existe, pues, una dimensión personal y una dimensión estructural del problema y ambas están interrelacionadas a varios niveles.
NOTAS:
1. Maura O’Donohe, coordinadora en turno del programa sobre el SIDA de CARITAS International, presentó un informe al respecto al presidente de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Roma el 18 de febrero de 1995. La Dra. O’Donohe, religiosa de las Misioneras Médicas de María, confirmó y documentó la explotación sexual contra las monjas en África.
2. Averiguación Previa Núm. 3497/997/DRS. Procuraduría de Justicia del Estado. Causa Penal Núm. 6/1998/1. Asimismo, Resolución de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia del Estado (T.1073/2001).
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